¿Quién paga por las acciones de Respuesta a Emergencias en el sector privado?

Los últimos acontecimientos en los que se ha requerido activación de organismos de respuesta y en general de instituciones que forman parte de nuestro sistema de protección civil, generan discusión sobre sus costos asociados y necesidad de contar con un mecanismo que permita cumplir con obligaciones en estas materias por parte del Estado, pero sin comprometer presupuesto fiscal, impidiendo así dejar de desarrollar otras necesidades comprometidas con la ciudadanía.

 

En este contexto, nuestro país ha destinado de manera directa desde inicio de la década de los ochenta, en promedio anual un 1,2% de su Producto Interno Bruto, debido a consecuencias de emergencias y desastres, siendo además economía OCDE con mayor impacto por esta condición y décima más vulnerable del mundo por efectos del cambio climático. (Global Climate risk index 2017).

 

Nuestra normativa vigente declara a partir de nuestra Constitución Política de la República de Chile, en su artículo primero: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”. A su vez se indica, “En el caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bienes, el Presidente de la República dictará un decreto supremo fundado, señalando las comunas que hayan sido afectadas” (Ley que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes – Art. 1).

 

Por el contrario si existiera grave alteración del orden público o se pudiesen provocar reacciones sociales que afecten a la población en su conjunto “Las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe, restringiendo derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas” (Ley orgánica constitucional de los Estados de Excepción – Art. 5,6 y 7).

 

Este ámbito de responsabilidad es además territorial. A escala regional se indica que se deben “Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes”. (Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional” – Art. 16 f). A escala local, compete a las Municipalidades: “La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes”. (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades – Art. 4 i).

 

Del análisis normativo, se puede inferir dos principios fundamentales, que si bien no están declarados explícitamente, son fuente de este campo del derecho en desastres: es público y universal. La seguridad es pública, pues nace a partir de una obligación que se delega a la autoridad, esto es la protección de las personas, bienes y ambiente (Plan Nacional de Protección Civil – Ministerio del Interior) y es universal, pues busca proteger a todos los ciudadanos que se encuentran en nuestro territorio, permitiendo además que sus derechos se encuentren protegidos.

 

Para el desarrollo de actividades por parte del sector privado, la protección de los trabajadores se encuentra además garantizada en nuestra normativa vigente, es así que “En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios”. (Código del Trabajo – Art. 184 bis).

 

Cabe recordar que los últimos incendios Forestales del verano del 2017, fueron pagados recurriendo a reasignaciones presupuestarias por 70 mil millones de pesos y Fondo de Estabilidad Social (FES) por 163 mil millones de pesos, de los cuales 93.867 millones se destinaron directamente al combate de la emergencia. (El Mostrador – 03 de febrero 2017).

 

Es en ese sentido que debemos pasar de una respuesta a desastres o sea “Medidas adoptadas directamente antes, durante o inmediatamente después de un desastre con el fin de salvar vidas, reducir los impactos en la salud, velar por la seguridad pública y atender las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada” a una gestión del riesgo de desastres que “Es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres” (A/71/644 – Naciones Unidas).

 

Por otro lado, dado que siempre permanecerán riesgos residuales, a pesar de haber establecido medidas prospectivas y correctivas, en este caso en el sector privado, se recurre a un proceso de transferencia del riesgo donde se trasladen las consecuencias financieras de un riesgo concreto, en virtud de lo cual un una empresa privada, obtendrán recursos de otra parte, principalmente aseguradoras, después de un desastre a cambio de cambio de primas que se le abonan de forma corriente.

 

Nuestra normativa vigente no establece la gratuidad en la entrega de servicios de respuesta ante emergencias o desastres como principio, al menos no lo explicita formalmente, y esta se desarrolla principalmente para la protección de las personas. Si bien el fin último y la prioridad son los ciudadanos, los preparativos para la gestión de emergencias y desastres para la protección del patrimonio en el caso del sector privado, es de responsabilidad de los representantes o propietario de la empresa, cualquiera fuese su estructura u organización.

 

Pareciera ser que dada las condiciones del país, se justifica, al menos se debiese discutir, la pertinencia de una política pública, esto es contar con un seguro universal de cargo del empleador, de naturaleza similar al establecido en la Ley 16.744, esto es un seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con principios solidario, universal, integral y de unidad.

 

De esta forma, a través del pago de una cotización básica, y otra adicional diferenciada, se incentivaría el desarrollo de una gestión prospectiva, esto es que el sector privado aborde y traten de evitar la aparición de riesgos de desastres nuevos o mayores, pues de otra forma estaría en riesgo la continuidad del negocio. Con el fin de evitar el impacto en la tasa de crecimiento de actividad productiva, en especial para sectores de menor tamaño pero que en su conjunto generan el mayor aporte del empleo, además su gradualidad, se pueden incorporar beneficios tributarios o de otra característica, considerando que la gestión del riesgo es una responsabilidad que va más allá del rol que le compete al Estado.

 

De esta forma, nuestro país podría incentivar de manera permanente acciones de preparación y de respuesta ante desastres, incorporando además tareas preventivas, pues se reduce el costo del seguro, esto ante diversas amenazas que se materializan en impactos esperados, fortuitos o de fuerza mayor, como son los que han afectado a nuestro país, evitando recurrir a un detraimiento del presupuesto fiscal.

 

BIBLIOGRAFIA

  • El Mostrador, Edición electrónica. Chile: Concepción, 2017, Rescatado de: http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/02/03/incendios-forestales-le-costarian-mas-de-233-mil-millones-al-fisco-hacienda-revelo-los-mecanismos-para-asignar-los-recursos/
  • Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Plan Nacional de Protección Civil. Chile: ONEMI, 2002.
  • Naciones Unidas, Evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, Suiza: UNISDR, 2015.
  • Naciones Unidas. Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres, Suiza: NU, 2016.
  • Naciones Unidas. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, Suiza: NU, 2015.
    6. Ramírez Cristian. Gestión del riesgo de desastres basada en ISO 31000:2018: principios, marco y proceso, Chile: Santiago, 2017.
  • Ramírez Cristian. Sistema de Gestión de Emergencias bajo ISO 22320: requisitos para su implementación en la gestión local del riesgo en Chile, Chile: Santiago, 2017.
  • Sönke Kreft, David Eckstein and Inga Melchior, Global Climate risk index 2017. Germany: Germanwatch, 2017

 

Un Aporte de:

Fuente de la imagen principal: AmCham Chile

Fuente de las imágenes secundarias: Smallcapasia y CUT Chile

 

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